Columna
Antonio Gamboa Chabbán
Nuestra Constitución Política tiene más de 700 reformas desde su promulgación en 1917 a la fecha. Este esfuerzo ha requerido acuerdos políticos a efecto de alcanzar las mayorías calificadas en el Poder Legislativo, para erigirse como Poder Constituyente, así como la mayoría de los Congresos de las entidades del país.
Todos los cambios realizados han sido una suerte de aproximaciones sucesivas inacabadas que no han alcanzado la realidad en la que vivimos, sexenio tras sexenio se requieren cambios constitucionales, inclusive está proyectada una de gran calado que tiene que ver con la reforma al Poder Judicial de la Federación, que de alcanzar la mayoría calificada el partido Morena y sus aliados en la elección de 2024, está previsto la impulsen al arranque de la siguiente legislatura en septiembre de 2024.
En caso de que se alcance esa mayoría calificada producto de una estrategia del presidente de la República calificada como plan “C”, que incluye el llamado al voto masivo a favor de su partido político y todo lo que sea necesario para lograrlo en el 2024, nada impediría que se impulse una nueva Constitución Política como resultado del llamado proceso de transformación del país.
Lo que para uno de los que aspira a Coordinar la Cuarta Transformación del país, uno de los no precandidatos, se puede consolidar en una Secretaría de Estado, para otros constituye una “filosofía” de actuación de todo el poder público, algo así como una filosofía de vida, supongo.
Lo que no queda claro, es ¿por qué no llegó esa llamada transformación a instancias como Segalmex? quizá para articular una respuesta que utilice herramientas de la lógica, si Segalmex se gestó legalmente en 2019, entonces es producto de esa transformación. Sin embargo, esta es una de las interrogantes que hasta el momento no he tenido posibilidades de resolver en conversaciones con legisladoras y legisladores que aseguran categóricamente que, en el pasado, se robaba más.
Ahora bien, si el plan “C” no funciona como lo tiene previsto el muchas veces candidato Andrés Manuel, hoy coordinador general de la defensa de la Transformación del País y no se alcanza la mayoría calificada por parte del partido oficial, entonces prevalecerá el texto constitucional vigente y una de las preguntas que surgen es, a partir del próximo año, ¿cómo se van a generar los equilibrios entre poderes? Me voy a referir en específico, al control constitucional que ejerce el Poder Judicial de la Federación a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En cualquier escenario, funcione o no el llamado Plan “C” que coordina el presidente de la República, en cuyo caso, la presidencia la puede ganar o bien Morena y sus aliados o algún grupo de partidos de oposición con una candidata o candidato disruptivo, propositivo y carismático, quien ocupe esa silla a partir del mes de octubre de 2024 le corresponderá plantear los nuevos nombramientos de ministros de la SCJN, con ternas que envíe al Senado de la República.
El plan “C”, no es otra cosa sino la colonización del poder público sin equilibrios, con la finalidad de tener un país en la palma de la mano, por lo que más allá de una reforma Constitucional para modificar las estructuras actuales del Poder Judicial de la Federación, será el año entrante cuando comiencen sustituciones a la integración actual, conforme a lo siguiente:
Esto quiere decir, que en el sexenio próximo se sustituyen en diferentes fechas 5 posiciones dentro del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En cualquier sentido, estoy convencido de que sucederán muchos cambios en la vida pública de México, así gane la presidencia de la República la oposición, con mayor razón si la mantiene Morena y sus aliados, dado que el mejor camino para reconstruir la República será considerar a todas las fuerzas políticas como parte de la solución a través del diálogo.
México debe cambiar, tenemos oportunidades históricas para evitar la confrontación y ejercer con inteligencia a partir del diálogo la reconstrucción de acuerdos y mejores prácticas democráticas en principio para legislar, para administrar los recursos y por supuesto para aplicar las consecuencias de la Ley, sin distinción de colores.
Antonio Horacio Gamboa Chabbán
Maestro en Derecho Político y Administración Pública
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