Redacción Sam Torne
El Poder Judicial mexicano se encuentra en el centro de la controversia política tras la aprobación de la reforma judicial impulsada por Claudia Sheinbaum. La reforma, que fue avalada por 18 congresos estatales, marca un cambio profundo en la estructura judicial del país. Para Sheinbaum, esta modificación representa una democratización del sistema judicial y un avance hacia un sistema que, según sus palabras, estará «al servicio del pueblo de México».
Sheinbaum ha sido enfática en señalar que la reforma judicial es ya un hecho, afirmando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no tiene la facultad de detenerla. «No, eso es ilegal, ya está aprobada, eso es lo que dice la Constitución», expresó la presidenta electa. De acuerdo con la Constitución Mexicana, una vez que una reforma ha sido aprobada por la mayoría de los congresos locales, no puede ser revocada.
La respuesta de la Suprema Corte
A pesar de las declaraciones de Sheinbaum, existen voces en el Poder Judicial que cuestionan la legalidad y viabilidad de la reforma. Algunos magistrados y jueces consideran que esta modificación podría afectar la independencia del Poder Judicial, al introducir mecanismos que permiten la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Según los críticos, este cambio podría generar una politización del sistema judicial, al depender directamente de los votantes y no de un proceso independiente.
La SCJN, por su parte, ha recibido varias impugnaciones presentadas por trabajadores del Poder Judicial, quienes temen que la reforma afecte sus derechos laborales y la estabilidad del sistema. Si bien Sheinbaum ha asegurado que se respetarán los derechos y salarios de los trabajadores judiciales, la incertidumbre sobre cómo se implementarán los cambios sigue generando tensiones.
Las implicaciones económicas
Otro aspecto clave de la reforma es la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial, un tema que ha sido motivo de preocupación tanto dentro como fuera del sistema. Estos fideicomisos son fondos utilizados para garantizar la estabilidad financiera y laboral de jueces y magistrados. Sheinbaum ha mencionado que los recursos de estos fideicomisos podrían destinarse a otros fines, como el financiamiento de programas sociales y la organización de las futuras elecciones de jueces.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ya se está preparando para las elecciones judiciales previstas para 2025, las cuales serán clave para implementar el nuevo sistema de elección popular de magistrados y jueces. Sin embargo, aún no está claro cómo se cubrirán los costos asociados a estos comicios. Aunque Sheinbaum ha descartado la necesidad de mayores recursos, el financiamiento de estas elecciones sigue siendo un tema en discusión.
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