El año 2018 fue para muchos, sino es que, para todos los mexicanos, un año de esperanza, ya que a través del voto popular logramos sacar del poder al PRI, que fue un gobierno que siempre se caracterizó por tener prácticas de corrupción, nepotismo e incluso tuvo periodos de tiranía y represión, con episodios tan graves como la matanza de estudiantes de 1985 y la desaparición de los cuarenta y tres normalistas de Ayotzinapa. Esperábamos un cambio en la forma de gobierno, que despareciera la corrupción y que por fin se hiciera todo conforme a las reglas, pero no imaginábamos lo que vendría en la llamada cuarta transformación.
Empezando con las promesas rotas, como modificar el precio de la gasolina, sin embargo, este combustible está más caro que nunca, lo que trajo consigo un alza en todos los precios; para posteriormente pasar a los proyectos sorpresa como el Tren Maya, la militarización del país a través de la creación de la Guardia Nacional y los proyectos que le han sido concesionados a la SEDENA de los que además no rinden cuentas ya que los han clasificado de “seguridad nacional”.
Me gustaría decir que eso lo más grave que ha ocurrido, sin embargo, en sus últimos años de gobierno, el presidente de México ha decidido dar la estocada final eliminando los últimos organismos de gobierno que representan una oposición para su proyecto totalitario: el Poder Judicial de la Federación y los Organismos Públicos Autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI).
Los Organismos Públicos Autónomos u Organismos Descentralizados tienen como finalidad regular áreas estratégicas para evitar que el poder ejecutivo abuse del poder y que quien tome esas decisiones sea precisamente un organismo imparcial que se regule por sus propias normas y que no dependa directamente del ejecutivo federal, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral se encarga de organizar las elecciones y ser el árbitro en tan importante proceso, organismo que también estaba en riesgo de desparecer pero que ahora con la aprobación de la sobrerrepresentación parece que por el momento se ha salvado.
Sin embargo, existen otros organismos que no han dado su mano a torcer como lo hizo el antes mencionado instituto, uno de ellos es el INAI, organismo que se encarga de obligar a los órganos de gobierno a dar acceso a los gobernados a la información pública, como lo es la forma en la que se gastan el presupuesto, sin embargo a este gobierno parece molestarle mucho ser transparente, no le gusta dar datos objetivos y fidedignos, siempre tiene otros datos que mejor dicho son una serie de mentiras.
Éste no es el único organismo descentralizado que pretenden desaparecer, también está planeada la eliminación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), así como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), organismos que curiosamente tienen facultades para aprobar las bases para licitaciones así como aprobar los concursos de licitación, para que estas funciones pasen a manos de las Secretarías de Estado, en el caso del IFT a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) y de los dos restantes a manos de la Secretaría de Energía; es decir, a órganos completamente centralizados y dependientes al cien por ciento del ejecutivo federal.
Lo que está ocurriendo en nuestro país no es para nada algo nuevo, pues en 1936 existió un periodo que se conoció como la República Centralista, es decir, que todas las decisiones eran tomadas por el ejecutivo federal, que en aquel tiempo era Antonio López de Santana, curiosamente un conservador, quien decidía hasta el más mínimo aspecto de la vida pública del país ¿suena conocido?, pues efectivamente se repite la historia y disfrazada de transformación liberal pero con prácticas completamente conservadoras. Por eso sin temor equivocarme podemos hablar que nuestro gobierno actual es el gobierno de la opacidad.
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