Redactor: Sam Torne
En medio del debate sobre la reforma judicial en el Senado de México, senadores de la oposición han denunciado presuntas presiones y acoso por parte de fiscalías estatales para influir en su voto a favor del dictamen propuesto por el gobierno federal. Este hecho ha encendido una nueva controversia en torno a la independencia legislativa y la integridad del proceso de reforma.
El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, alzó la voz desde Querétaro, donde acusó al gobierno de estar utilizando a las fiscalías estatales como instrumentos para intimidar a los legisladores de la oposición. Cortés afirmó que se están abriendo carpetas de investigación en contra de senadores panistas y sus familias como una forma de presión para asegurar su apoyo a la reforma judicial impulsada por Morena.
«Es inaceptable que las fiscalías se estén utilizando para coaccionar y amenazar a nuestros legisladores. No permitiremos que se utilice la ley como un arma política para doblar a quienes estamos comprometidos con la defensa de la Constitución», declaró Cortés en conferencia de prensa. En redes sociales, el dirigente reiteró su postura y exigió que el gobierno respete la autonomía del Senado y cese los intentos de soborno y presión a través de las instituciones judiciales.
Unidad en la oposición
A pesar de las denuncias de acoso, Guadalupe Murguía Gutiérrez, coordinadora de los senadores del PAN, destacó que la oposición sigue unida en su rechazo a la reforma judicial. Murguía afirmó que, aunque varios senadores han recibido propuestas de soborno y amenazas, la oposición está decidida a no ceder.
«No hemos caído en estas presiones. Al contrario, estamos más unidos que nunca para defender los principios democráticos y garantizar un sistema judicial independiente», aseguró Murguía.
Por su parte, el senador Enrique Vargas del Estado de México confirmó que algunos de sus compañeros han sido víctimas de acoso a través de llamadas telefónicas, pero enfatizó que la oposición no cederá ante estas tácticas. «No nos vamos a doblar. Estamos comprometidos con defender la Constitución y el Estado de Derecho», añadió Vargas.
Movimiento Ciudadano también denuncia presiones
La senadora de Movimiento Ciudadano (MC), Alejandra Barrales, también se sumó a las denuncias, afirmando que el senador Daniel Barreda ha sido blanco de persecuciones por parte del gobierno de Campeche, encabezado por la morenista Layda Sansores. Barrales aseguró que las presiones hacia Barreda se intensificaron tras la discusión sobre la reforma judicial, con acusaciones que han escalado hasta órdenes de presentación y aprehensión.
«Es evidente que hay un intento por silenciar a quienes no estamos de acuerdo con esta reforma. No podemos permitir que las instituciones judiciales se utilicen como herramientas políticas para imponer una agenda», señaló Barrales.
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